En este blog, he estado reflexionando sobre la posibilidad de establecer un modelo universitario en el que la investigación llegue a ser la actividad central (y la principal fuente de ingresos). Para ello, de planteado la adopción del concepto de "práctica" ofrecido por MacIntyre, como la posible forma organizativa bajo la cual puede lograrse aquel propósito. En esta entrada iniciaré a presentar algunas reflexiones en torno a la manera en que podría ser administrada una institución, si se sigue el modelo planteado.
Un lector asiduo a este blog, habrá notado que, hasta el momento, no he presentado una propuesta orientada a lograr una mayor “eficiencia” de los recursos con los que cuentan las universidades, ni a buscar una mayor “calidad” en los procesos internos de las instituciones universitarias, ni a ningún otro asunto de los que en el presente suelen abordarse cuando se reflexiona en torno a las universidades particulares en América Latina. Ello tal vez le resultara extraño, sobre todo, porque sabemos que estamos ante una gran crisis. Y porque en el presente, cuando enfrentamos esa palabra, “crisis”, inmediatamente nos da por pensar en la escasez de recursos y en la necesidad de hacer un uso más eficiente de los mismos.
Las razones para no haber hablado aquí en términos gerenciales (eficacia, eficiencia, productividad, etc.) son sencillas. En primer lugar, porque estoy convencido de que ni las universidades, ni ningún otro tipo de institución, fueron creadas para ser administradas. La universidad históricamente ha tenido una misión, un sentido, que dista mucho de ser el del logro de la eficiencia de los recursos con que cuenta. La universidad, desde su aparición en los alrededores del siglo X, estuvo vinculada con la búsqueda del bien común - en una entrada futura, expondré esto con mayor lujo de detalle. Su función se vio modificada en concordancia con la manera en que se comprendía el bienestar general; pero jamás, hasta ahora, se establecieron universidades como negocios; y mucho menos con el sólo pretexto de buscar "algo qué administrar".
Las razones para no haber hablado aquí en términos gerenciales (eficacia, eficiencia, productividad, etc.) son sencillas. En primer lugar, porque estoy convencido de que ni las universidades, ni ningún otro tipo de institución, fueron creadas para ser administradas. La universidad históricamente ha tenido una misión, un sentido, que dista mucho de ser el del logro de la eficiencia de los recursos con que cuenta. La universidad, desde su aparición en los alrededores del siglo X, estuvo vinculada con la búsqueda del bien común - en una entrada futura, expondré esto con mayor lujo de detalle. Su función se vio modificada en concordancia con la manera en que se comprendía el bienestar general; pero jamás, hasta ahora, se establecieron universidades como negocios; y mucho menos con el sólo pretexto de buscar "algo qué administrar".
No quiere decir que a la universidad no le debe interesar la búsqueda de la mejor manera de aplicar los medios con que cuenta para el logro de los bienes para los que ha sido destinada. Y esa es la segunda razón. En una Universidad (y en cualquier otra institución cuando se considera como una práctica) en la que se busque el virtuosismo y la excelencia, uno de los bienes internos que deben ser apreciados y perseguidos por los practicantes es el mejor manejo de los medios de que disponen para el logro de la excelencia.
Para ello, una condición fundamental está en que los practicantes jamás olviden que los medios son sólo eso, medios. Ello significa que ninguna propuesta de “mejora” o de “cambio” que se realice puede ser buena, si como propósito central, se presenta la “mejor eficiencia en el manejo de los recursos”. Por el contrario, toda propuesta de trasformación de las estructuras y formas de trabajo que se presente en el seno de una universidad tiene, por obligación, que demostrar la manera en que se contribuirá con el que sí es el fin de la Universidad: generar conocimiento para contribuir con él al bienestar general.
Lo anterior viene a colación porque es muy frecuente encontrarnos con instituciones universitarias que, presas del discurso de la “eficiencia”, la “productividad”, la “calidad”, etcétera, han ido generando una cada vez más pesada carga burocrática, en su mayoría compuesta por “expertos” que dicen poder garantizar dichos “objetivos” que, paradójicamente, es una de las razones más obvias de la falta de eficiencia organizacional.
No obstante, los motivos para “adelgazar” el aparato burocrático de las Universidades van mucho más allá que el mero ahorro que las casas de estudio pueden alcanzar al deshacerse de gran parte de su cuadro de “expertos”. En efecto, una de las razones principales para ello radica en el hecho de que, no en pocas instituciones educativas, como lo muestra el estudio realizado por Tristá (Tristá, Boris. 1997. Cultura organizacional. Culturas Académica. Temas de Hoy en la Educación Superior. ANUIES. México) existe una clara pugna política - lucha de poder - entre quienes se consideran “personal académico” - cultura colegiada - y aquellos que se consideran “personal administrativo” - cultura directiva -. Tal conflicto es posibilitado, fundamentalmente, debido a que los objetivos perseguidos por unos y otros difícilmente pueden coincidir. Y he aquí, quizás, una de las razones más profundas para el deterioro universitario de los últimos tiempos.
Dado que existe un gran abismo entre un bando y otro (como ya lo adelantaba en la entrada anterior), y dado que quienes tienen el control de los medios es el personal administrativo, éste último, termina imponiéndose. La manera de hacerlo, muchas veces, es reduciendo los recursos de que dispone el personal académico para cumplir con su función. Ello genera un círculo vicioso: reducidos los recursos para trabajar - y además despreciando su importancia, como suele suceder con el personal académico -, los niveles de excelencia se ven afectados. Al afectarse los niveles de excelencia educativa, los aspirantes a cursar en la universidad desisten de hacerlo. Al contar las universidades con menos alumnos, el personal administrativo decide lo más obvio: reducir aún más los medios para trabajar. Reducción que se realiza con argumentos plenamente justificados, desde la perspectiva de quien administra, pero que vuelve a afectar a la parte medular de toda institución académica: la academia.
Por tanto, es imperioso que cualquier modelo que intente presentarse en la búsqueda de encarar la crisis universitaria que vivimos, rompa con la división “personal académico-personal administrativo”. La próxima entrada la dedicaré a pensar cómo se puede romper la brecha entre lo administrativo y lo académico. Hasta entonces, gracias.
Para ello, una condición fundamental está en que los practicantes jamás olviden que los medios son sólo eso, medios. Ello significa que ninguna propuesta de “mejora” o de “cambio” que se realice puede ser buena, si como propósito central, se presenta la “mejor eficiencia en el manejo de los recursos”. Por el contrario, toda propuesta de trasformación de las estructuras y formas de trabajo que se presente en el seno de una universidad tiene, por obligación, que demostrar la manera en que se contribuirá con el que sí es el fin de la Universidad: generar conocimiento para contribuir con él al bienestar general.
Lo anterior viene a colación porque es muy frecuente encontrarnos con instituciones universitarias que, presas del discurso de la “eficiencia”, la “productividad”, la “calidad”, etcétera, han ido generando una cada vez más pesada carga burocrática, en su mayoría compuesta por “expertos” que dicen poder garantizar dichos “objetivos” que, paradójicamente, es una de las razones más obvias de la falta de eficiencia organizacional.
No obstante, los motivos para “adelgazar” el aparato burocrático de las Universidades van mucho más allá que el mero ahorro que las casas de estudio pueden alcanzar al deshacerse de gran parte de su cuadro de “expertos”. En efecto, una de las razones principales para ello radica en el hecho de que, no en pocas instituciones educativas, como lo muestra el estudio realizado por Tristá (Tristá, Boris. 1997. Cultura organizacional. Culturas Académica. Temas de Hoy en la Educación Superior. ANUIES. México) existe una clara pugna política - lucha de poder - entre quienes se consideran “personal académico” - cultura colegiada - y aquellos que se consideran “personal administrativo” - cultura directiva -. Tal conflicto es posibilitado, fundamentalmente, debido a que los objetivos perseguidos por unos y otros difícilmente pueden coincidir. Y he aquí, quizás, una de las razones más profundas para el deterioro universitario de los últimos tiempos.
Dado que existe un gran abismo entre un bando y otro (como ya lo adelantaba en la entrada anterior), y dado que quienes tienen el control de los medios es el personal administrativo, éste último, termina imponiéndose. La manera de hacerlo, muchas veces, es reduciendo los recursos de que dispone el personal académico para cumplir con su función. Ello genera un círculo vicioso: reducidos los recursos para trabajar - y además despreciando su importancia, como suele suceder con el personal académico -, los niveles de excelencia se ven afectados. Al afectarse los niveles de excelencia educativa, los aspirantes a cursar en la universidad desisten de hacerlo. Al contar las universidades con menos alumnos, el personal administrativo decide lo más obvio: reducir aún más los medios para trabajar. Reducción que se realiza con argumentos plenamente justificados, desde la perspectiva de quien administra, pero que vuelve a afectar a la parte medular de toda institución académica: la academia.
Por tanto, es imperioso que cualquier modelo que intente presentarse en la búsqueda de encarar la crisis universitaria que vivimos, rompa con la división “personal académico-personal administrativo”. La próxima entrada la dedicaré a pensar cómo se puede romper la brecha entre lo administrativo y lo académico. Hasta entonces, gracias.
Los espero en "El otro blog"
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